La realidad de las infancias tuteladas

2 700 niños viven bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, apartados de sus entornos problemáticos en residencias infantiles

Los trabajadores sociales hacen lo posible por asemejar los centros a un hogar, mientras los menores imaginan un futuro falto de oportunidades

CARMEN LOLA FERNÁNDEZ y GUILLERMO HORMIGO, Madrid

“Estuve dos años en un centro. Allí vives con más niños, lo compartes todo con todos y estás todo el tiempo con tus amigos. Además, los cuidadores tienen turnos, no te cuida siempre la misma persona. Te hacen todo porque es su trabajo, no porque te quieran”. Así se siente un menor que ha sido tutelado durante su infancia y adolescencia.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los niños tienen derecho a poder vivir y desarrollarse en un ambiente familiar adecuado, en condiciones de seguridad y estabilidad.

Al comienzo de 2015 la población infantil protegida por la Comunidad de Madrid se cifraba en 4.077 menores, de los que 2.700 estaban tutelados, 644 estaban bajo una medida de guarda, 733 estaban en promoción del acogimiento familiar y 1.682 expedientes de menores se encontraban en trámites.

¿Cuándo se tutela a un menor?

Los menores reciben la tutela del Estado cuando son privados de su asistencia moral y material. Se considera desamparados a aquellos niños cuyas familias incumplen los deberes de protección que establece la ley para la guarda de los menores.

Situaciones diversas pueden dar lugar al desamparo del menor, desde el abandono  por la familia, a negligencias en sus cuidados o la ausencia de su escolarización pasando por los malos tratos físicos o psíquicos. En ocasiones, las adicciones habituales de personas que integran la unidad familiar pueden afectar al menor en su desarrollo. En otros casos, los escasos recursos económicos y la marginalidad sociocultural imposibilita el ejercicio de las obligaciones familiares y conlleva a la explotación económica del menor, que puede caer en la mendicidad, la prostitución e incluso la delincuencia.

Fuente: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

Para que pueda declararse el desamparo es necesaria una relación directa entre el incumplimiento de los deberes de protección por parte de los padres y la desatención, moral y material, del menor. La consecuencia inmediata de la declaración de desamparo es la asunción de la tutela del menor por parte del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en materia de protección de menores.

¿Quiénes se hacen cargo?

El hecho de que sean las Administraciones Autonómicas quienes se encargan de gestionar la tutela de los niños en situaciones de riesgo de exclusión suscita controversia. No todas las Comunidades disponen ni aplican los mismos medios: Andalucía y la Comunidad Valenciana se sitúan a la cola en cuanto a recursos destinados. Madrid y Cataluña son las Comunidades que más dinero reservan a la acogida infantil. En toda la Comunidad de Madrid hay 85 centros de acogida, uno de los mayores ratios del país.

En las residencias infantiles, los educadores, trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios se esfuerzan por hacer que la vida de los menores sea lo más parecido posible a la normalidad de un entorno familiar. Una normalidad que, por otro lado, es completamente ajena a los niños. Y que por buscada que sea, es difícil de conseguir ante la inexistencia de un núcleo familiar y unas figuras paternas claras, así como por las limitaciones presupuestarias y de personal, que hacen inviable que cada niño reciba la atención personal y especializada que necesita.  No obstante, es difícil realizar un relato certero del día a día en estos centros, ya que las autoridades que los llevan son recelosas de dar cualquier tipo de información a los medios, debido a lo delicado de muchas de las situaciones que en ellos se viven y a la gran protección que merece la figura del menor en acogida.

Al tratarse de una competencia descentralizada en los gobiernos autónomicos no resulta fácil determinar el número de  menores atendidos por los servicios de protección de las administraciones.  Las cifras actuales están en torno a unos 22.000, de los que solo el 15% vive acogido en otro núcleo familiar, mientras que el 10% lo hace en hogares o pisos tutelados y el 75% restante en centros residenciales, según la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid (Adamcam).

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, en la inauguración de una Residencia Infantil  en Torrelodones.

¿Qué ocurre con las familias de acogida?

“Estuve varios años en un centro, el cambio fue bastante grande porque me iba con una familia, que iban a estar todo el día conmigo, iba a tener hermanos y padres… me costó adaptarme al cambio, pero es muy bonito. En la casa hay normas diferentes que en el centro, tenía dos personas que me querían realmente, hacían todo porque me querían y querían estar conmigo; el cariño es muy diferente.”

El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia fuera de los centros institucionales para aquellos niños que no pueden vivir con sus padres.  En el momento en que un niño es acogido se busca la plena integración en la vida de la familia que lo acoge, comprometiéndose ésta a cuidarlo y educarlo como un miembro más de su familia. Aquellos  menores que tienen esta oportunidad generalmente reconocen que lo recuerdan como una de las mejores épocas de su vida en la que “todos me recibieron con los brazos abiertos, como si fuera parte de ellos.”

Respecto al proceso de acogida, los menores señalan que les hubiese gustado conocer más a la familia acogedora antes de salir definitivamente del centro con ellos, ya que saber más de la familia, de cómo era, de qué les gustaba y qué no; habría hecho que estuvieran menos nerviosos. “Al principio tenía miedo y no me gustó mucho la idea, porque tenía un familia biológica y no quería tener otra,  pero poco a poco, según me hablaban de la familia, me fue gustando la idea de salir del centro con los padres que me iban a acoger”, afirma una adolescente en acogida permanente.

En nuestro país, la primera opción de acogimiento es la familia extensa. Tíos y abuelos forman la mitad de las familias acogedoras. Sin embargo, existen otros casos en los que no es conveniente que la familia  se haga cargo del menor, entonces se seleccionan familias de acogida específicas del programa de acogida. La mayoría de las veces durante el acogimiento familiar los padres biológicos conservan el derecho de relacionarse con el menor acogido, excepto que una resolución judicial dictamine lo contrario, por lo que la familia acogedora tiene obligación de permitir y facilitar las visitas de los padres biológicos en los términos establecidos por la Comisión de Tutela del Menor.

José Martínez, presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, señala que mientras las familias reciben de la Administración entre 200 y 400€ al mes por abrir su hogar a un niño que necesita acogida, los centros residenciales, mayormente de gestión privada, reciben por cada niño institucionalizado alrededor de 2.500 € al mes, una cantidad que llega hasta los 5.000€ cuando se trata de bebés. El nuestro es el país de Europa que tiene un mayor número de cunas institucionalizadas, una forma de tutela que otros países como el Reino Unido han eliminado por completo.

Las ayudas económicas y de comedor junto al asesoramiento jurídico y en cuestiones de crianza constituyen el soporte por parte del gobierno autonómico, sin embargo:  “Acoger un niño tiene que ser un acto muy meditado y reflexionado, que no es fácil, cuanto mayor  sea el niño, más dificultades puede haber, por la carga que lleva de su vida anterior, que hay que medir bien antes de hacerlo las propias capacidades a todos los niveles: económico, psicológico, emocional. Y que una vez valorado todo ello, y si se decide acoger es una experiencia única, preciosa, que merece la pena”, afirma una madre acogedora.

Las diferentes procedencias de los niños tutelados originan familias multiétnicas.

¿Y al cumplir los dieciocho?

Si el paso a la vida adulta da vértigo a cualquier adolescente, en el caso de los jóvenes tutelados, la emancipación es aún más complicada ya que la mayoría carecen de vínculos familiares, tras su infancia institucionalizada en centros y tampoco cuentan con recursos propios.

Según el informe “Jóvenes que construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social”  un 47% de los jóvenes tutelados llega a la etapa adulta en situación de precariedad. Su acceso al mercado laboral está muy lastrado por la falta de formación, ya  que la tasa de abandono escolar prematuro  llega hasta el 75% y el 50% ni siquiera ha logrado el título de la ESO, circunstancias que aumentan el riesgo de exclusión al salir del sistema de protección.

Algunas administraciones disponen de pisos asistidos para que  los chicos extutelados comiencen su emancipación mientras estudian. Además, se contemplan prestaciones económicas y programas de formación e inserción laboral. El informe revela que el 47% de los extutelados logra ser autónomo, mientras que  el 18,4% vuelve con su familia y el 15% pide ayuda a los servicios sociales.

En Madrid se ha firmado recientemente el “Plan de Autonomía para jóvenes de entre 16 y 21 años, tutelados y extutelados de la Comunidad de Madrid”, para atender necesidades básicas y guiar a este colectivo a la vida adulta desde el apoyo socio-educativo y dotándoles de herramientas desde el punto de vista formativo y laboral. Por otra parte, desde diversas fundaciones  como Opción3 Iniciativa Social y la Fundación Isos se ha puesto en marcha el programa Responsabilidad social empresarial por el empleo joven.  El objetivo es fomentar la colaboración y participación de numerosas empresas en mejorar el empleo juvenil, generando nuevas oportunidades de formación y empleo para estos jóvenes en grandes grupos de  hostelería e  industria textil.

Jóvenes del programa de hostelería de la Fundación Isos.

Es necesario seguir promoviendo en España una cultura de comunidades inclusivas, que sirva para aumentar la red social de apoyo de los jóvenes en riesgo de exclusión social: la escuela, el barrio, los servicios sociosanitarios de la administración, los mentores voluntarios e incluso las empresas locales deben implicarse en su desarrollo e integración social. Solo así estos jóvenes podrán tener la tutela de su propia vida.